Tremenda bronca judicial entre la Audiencia Provincial de Barcelona y el
juzgado de instrucción 18 de la Ciudad de la Justicia. Una vez
finalizada la cumbre del Banco Central Europeo y, por tanto, también las
enormes presiones políticas ejercidas desde la Fiscalía, el juzgado que
ordenó la prisión preventiva por Javi, Isma y Dani ha protagonizado una
lamentable carrera a contrarreloj para intentar demostrar su buena
praxis judicial. A primera hora de la mañana, y cuando ya se había
filtrado que la Audiencia Provincial estaba a punto de dejar en libertad
a los tres huelguistas presos desde el 29 de marzo, la jueza Carmen
García ha redactado un auto de libertad y la ha filtrado a un diario
para conseguir que se informara que ella había sido el artífice de la
liberación. La sección octava de la Audiencia Provincial, a la misma
hora, sellaba un auto de puesta en libertad mucho más razonado, donde se
contradicen algunos de los razonamientos presuntamente jurídicos que
Carmen García ha esgrimido durante el último mes para mantener la
prisión preventiva. Además, el órgano provincial ordena la libertad sin
ningún tipo de fianza y, por tanto, deja en papel mojado el escrito de
la señora García donde se pedía el depósito de entre 3.000 y 6.000 euros
para cada uno de los presos. Muchos familiares y amigos de los tres
huelguistas ya se han desplazado hasta las prisiones de Can Brians y
Quatre Camins para darles la bienvenida una vez crucen los muros de los
centros penitenciarios. La hora exacta es una incógnita, pero será a lo
largo de la tarde. Laura Gómez, secretaria de organización de la CGT,
continúa encarcelada en Wad-Ras (Poblenou), el juzgado de instrucción 23
que ordenó el encarcelamiento deberá pronunciarse los próximos días.
***
Texto repartido en Madrid:
La
Administración no administra otra cosa que pasividad, y así plantea
un falso dilema: inacción o delito, indiferencia o crimen. No hay
más. Y ese crimen
que es la lucha, generó, según el Ministerio de Interior, 176
detenciones durante la Huelga General del 29 de marzo. La mayor parte
de ellas se efectuarían en Madrid, Euskal Herria y Països
Catalans.
Dado
el cacareo
mediático
generalizado,
la cuestión no quedó ahí y el 2 de abril fue detenida una
compañera en el barrio de Móstoles (Madrid), a la que siguió el
arresto, el 4 y el 12 de abril, de dos sindicalistas de LAB en Iruñea
(Nafarroa) acusados de lanzar pintura a la sede de la Confederación
de Empresarios de Navarra y de dos jóvenes detenidos en Lizarra,
respectivamente.
El
19 de abril seis personas fueron detenidas en Catalunya (4 en
Barcelona y 2 en Tarragona) y otras catorce más en Iruñea, mientras
que la mañana del 20 de abril, un numeroso dispositivo de
antidisturbios asaltó los barrios de La Bordeta y Sant Andreu,
registrando las casas de las cuatro personas arrestadas.
Cuatro
días más tarde, el Lunes 23 de abril, se presentaba oficialmente la
nueva herramienta digital de Mossos d'Esquadra: un portal en la
sección web 'colaboración ciudadana' en el que se exponen las
imágenes de hasta 68 compañeros y compañeras acusadas de
participar en los disturbios del 29M en Barcelona. De manera paralela
el Ministerio del Interior anunciaba, por prevención,
dados los hechos del 29M en Barcelona, la suspensión temporal del
Tratado Schengen con motivo de la cumbre del Banco Central Europeo
(BCE), suspensión esta que restablecía temporalmente los controles
fronterizos con Francia hasta las 00:00 horas del Sábado 5 de mayo.
Así
mismo fueron detenidos el 25 de abril, y puestos en libertad con
cargos el mismo día, dos trabajadores afiliados a CCOO y UGT de Seat
Martorell (Barcelona) que habían sido acusados de atentado
contra la autoridad.
Las últimas detenciones se produjeron el 3 de mayo cuando la policía arrestó a cinco personas en Iruñerria acusadas de desórdenes públicos durante la jornada de Huelga.
Si
sumáramos las detenciones acaecidas durante y después del 29M la
cifra ascendería a unos 211 arrestos practicados a personas,tres de las cuales han estado hasta hoy en prisión preventiva: Javi, Dani e Isma. Si los tres fueron detenidos durante la mañana del
mismo día de Huelga en sendos piquetes del barrio del Clot y Zona
Universitaria de Barcelona, Laura, Secretaria de Organización de la
CGT y la única huelguista que permanece presa, es detenida el 24 de abril acusada de
participar durante el 29M en una performance
a
las puertas de la Bolsa de Barcelona.
Del
tiempo es preciso esperar todo y no temer nada; Javi, Dani e Isma ya están en casa. Pero sigue faltando Laura.
La cuestión está clara: frente
a la agudización de las contradicciones del capitalismo;
socialización de las perdidas y privatización de los beneficios;
frente a la respuesta proletaria; represión.
El
Estado ha desplegado estas ultimas semanas todo tipo de discursos y
mecanismos para deslegitimar, desvirtuar y aislar a esa parte de la
población, cada día mayor, que ha decidido actuar y posicionarse
frente a la barbarie. Desde tertulianos y periodistas pagados por
empresarios e instruidos por la BPI (Brigada Provincial de
Información), hasta llamadas a la ciudadanía modelo
para
que denuncien y encarcelen a sus propios congéneres, pasando por
violaciones de la propia legalidad vigente encargada de mantener el
status
quo;
un marco legal que a los banqueros e inversores se les ha quedado
corto.
Pero
la legalidad para ser modificada requiere primero de un fuerte
leitmotiv,
de
un
hecho
específico desencadenante, en apariencia, de la oleada represiva
que vendrá.
En
este caso, pocos lo dudamos ya, las algaradas,
sobredimensionadas e interesadamente narradas y repetidas hasta la
saciedad por los medios burgueses, ocurridas durante la jornada de
huelga del 29M, especialmente en Barcelona, son ese hecho
que públicamente justificaría la adopción de medidas de excepción.
La
clave de todo ello es el tratamiento que han recibido los
acontecimientos de violencia política; aislamiento de los hechos de
su contexto, producción del sujeto-vándalo, despolitización
de las acciones insertadas en luchas políticas más amplias, o la
artificial e interesada diferenciación entre pacíficos/violentos;
ciudadanos/vándalos.
Como
decíamos lo interesante es el tratamiento que recibe el hecho;
la
violencia política es fácilmente criminalizable porque aparece
diferenciada del resto de gestos de lucha. Diferenciar es poner
nombre
(incluso apellido), cuando lo verdaderamente revolucionario es
pretender que la acción pueda pertenecernos a todas las que
luchamos, combatiendo las atribuciones. En la medida en que se aborda
la cuestión de la autodefensa acotándola y señalándola, se
contribuye a que desaparezcan los nexos que existen con otras
prácticas. Y es precisamente el nexo, la multiplicidad de dinámicas
diferentes que se complementan entre sí, lo que potencia la acción
general.
Aislar
determinadas formas de intervenir de su justo contexto, es decir,
descontextualizarlas, supone arrebatarlas de
facto
el componente político que las motiva, y reducirlas a violencia sin
adjetivos, o lo que es lo mismo; vandalismo.
Quizá,
y simplificando mucho la cuestión, la especificidad de la violencia
política reside en que siempre aparece cuando las relaciones
sociales ya no son concebibles, ni negociables, y menos aún son
instituibles o instituidas. Con
este proceso el sentido de la violencia cambia por entero, y debe
hablarse con propiedad de violencia política. Más allá de las
diversas formas de expresión de la violencia política y de su
intensidad, debe señalarse una gran oposición: la que divide la
violencia política y la social. Calificar un acto como político,
es darle una justificación en general noble, una explicación
siempre aceptable. Por otro lado, denunciar la criminalidad del otro,
su deseo exclusivo de enriquecimiento, su sadismo gratuito, es negar
toda dimensión política para atribuirle al acto sólo un vil
interés (en este caso un supuesto gozo individual con la violencia).
Decir qué acto es político y qué acto no lo es influye sobre los
procesos de legitimación de una luchas y de sus prácticas.
Arrebatarle el adjetivo política
es
precisamente la principal tarea de los medios de comunicación, en
sus incansables esfuerzos por describir a los y las militantes como
profesionales
de la violencia, vándalos, antisistema...
y aislar determinadas acciones y a quienes las realizan.
Por
otro lado está la actitud de varios sindicatos apagafuegos( UGT y CCOO a lo largo y ancho del territorio estatal y ELA en el caso
de Iruñea),
que después de señalar, aislar y deslegitimar diversos
acontecimientos ocurridos en la huelga, poniendo así en bandeja la
criminalización mediática y posteriores detenciones, ahora se suman
a destiempo y con la boca pequeña a criticar el endurecimiento de la
estrategia represiva. Especialmente al sufrir sus propias bases esa
represión, que si bien se ha cebado con los sectores más combativos
y rupturistas, ha salpicado a todo el mundo: de
aquellos polvos, estos lodos.
Considerar
que la violencia es per
se
un acto condenable supone entrar a valorar los hechos sociales como
hechos universales, es decir, acciones que están “mal”
independientemente de quién, dónde y cuándo se realicen. No es
distinto que condenar el robo como un acto denigrante en si; “robar
está mal”. En ambas cuestiones; el robo o la violencia, la
cuestión es la misma: para poder ser calificadas como tal hace falta
tener la capacidad para nominar (nombrar las cosas con capacidad para
que ese significado se incorpore al imaginario colectivo). Y eso,
obviamente, no esta al alcance de cualquiera, solo las clases
dominantes disponen de la legitimidad y los recursos suficientes;
medios de comunicación, instituciones, recursos académicos y
policiales, propagandísticos... como para poder hacerlo.
Entonces, mientras el Estado usa la “coerción”
y la“proporcionalidad”, los que se oponen a él emplean la
violencia. Cuando los partidos políticos inundan nuestra ciudad de
propaganda, están realizando
campaña
y empleando
la libertad de expresión;
cuando se realizan pintadas callejeras de denuncia se violenta
el orden y se ensucia el espacio.
Una
obra de ingeniería social simple, repetida sistemáticamente a lo
largo de la historia, pero que una vez más logra sus resultados;
nunca predecible, nunca planificada al completo, pero siempre
re-adaptada a las nuevas condiciones sociales.
En
ultima instancia, todas las personas detenidas y encarceladas por el
Estado en los últimos meses lo han sido con independencia de la
pertenencia a una u otra organización y con independencia de los
actos que han cometido. En este caso (como ya lo fuera en el caso de
los/as siete encarcelados/as el 12 de Diciembre del 2008 en Madrid en
una manifestación en solidaridad con la revuelta griega y en
protesta por el asesinato de Alexis Grigoropoulos), las medidas
punitivas, que implican o no privación de libertad, poco tienen que
ver con el delito cometido por las personas represaliadas, y mucho
con el clima de respuesta social y confrontación al Estado.
En la sociedad del capital se establece un doble control constituido históricamente: el del Estado sobre la violencia; la 'autoridad pública', fundada en el monopolio de los instrumentos de violencia (y no en ningún hipotético pacto social), y el del mercado a través del contrato de trabajo capitalista. Se supone (aunque históricamente nunca ha ocurrido así) que el mundo del mercado se autorregula, no así el poder del Estado que equivale a la violencia del Estado. El Estado-Capital se enfrenta a las clases subordinadas, no a los señores del mercado... una evidencia que se renueva a diario.
Hoy, más que nunca, la poesía está en la calle.
Libertad para Laura.
Solidaridad con los y las huelguistas represaliadas.
La lucha es el único camino.
