martes, 29 de mayo de 2012

Mossos d'Esquadra efectúan cinco nuevas detenciones de manifestantes de la huelga general del 29 de marzo

Esta mañana ha arrancado la nueva tanda de detenciones de huelguistas del pasado 29 de marzo. El Departamento de Interior de la Generalitat trabajaba desde hace dos meses en la orquestación de estas imputaciones con la elaboración de extensos atestados con todo tipo de acusaciones relativas a la participación en piquetes y manifestaciones durante la jornada de huelga general. La Dirección General de la Policía ha confirmado las detenciones, pero no habrá ninguna explicación oficial de los hechos hasta hoy por la noche, ya que la operación continuará abierta durante todo el día. Por la mañana de este Martes se tenía constancia tan solo de cuatro detenciones efectuadas, dos de ellas en Sant Andreu de Palomar (estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona y militantes del SEPC y la CAJEI) y otras dos en el barrio de Sants (uno de ellos colaborador de medios de contrainformación). En este último caso los agentes de paisano le han ido a buscar a su puesto de trabajo simulando que eran unos amigos personales que querían hablar con él y, una vez en la calle, lo han esposado y lo han introducido en un vehículo policial.
La quinta detención no se produjo en Barcelona, teniendo lugar a las 16:00 en Reus (Tarragona). En este operativo fue apresada una de las personas que salió públicamente en rueda de prensa en Plaza Catalunya de Barcelona a raíz de la web de delaciones ideada por Interior.
Todos los detenidos están acusados por los Mossos de haber protagonizado "desordenes públicos, lesiones, coacciones y daños" durante la jornada de huelga general.
Además, según Europa Press los Mossos d'Esquadra han imputado un delito de pertenencia a "grupo criminal" a tres de las cinco personas  detenidas tras considerar que actuaron de forma conjunta y coordinada en los incidentes del 29M.
Los mossos trabajan con dos listas de activistas, por un lado algunas de las 22 personas identificadas a través de la web de delaciones ideada por Felip Puig (es el caso de uno de los detenidos esta mañana), y otra lista de huelguistas que fueron identificados poco después del 29 de marzo, pero que no habían sido imputados ni detenidos. Alerta Solidaria y otras entidades ya han convocado una concentración para hoy a las 17h en la comisaría de la Travessera de les Corts.

Los Mossos pretenden aplicar el artículo 577 del código penal

El Colegio de Abogados ya ha designado a los abogados que deben asistir a las personas detenidas esta mañana. Según consta en la información aportada, los Mossos habrían subido el listón de las acusaciones y pretenderían convencer al juzgado de guardia de la presunta comisión de un delito de integración en organización de criminales, así como de otros de asociación ilícita , desórdenes, daños y contra el ejercicio de derechos fundamentales. Fuentes jurídicas consultadas aclaran que el primero de los preceptos sería el artículo 577 del código penal, incorporado en el año 2000 por un decreto del ministro de Interior Ángel Acebes. Entre jueces y fiscales hay una enorme controversia sobre la aplicación de este delito, ya que fue pensado e ideado para ser aplicado en Euskadi. Su aplicación en Catalunya siempre ha estado rodeada de polémica, como en los casos del joven de Torà[1], los Tres de Gracia o Nuria Pórtulas. Todos los detenidos hoy pasarían a disposición del juzgado de detenidos 3 de la Ciudad de la Justicia. En este órgano judicial, miércoles hay de guardia el Juzgado 10, jueves el 14 y el viernes el 18, este último fue el responsable del encarcelamiento de tres manifestantes del 29 de marzo durante todo el mes de abril.


Toda nuestra solidaridad con las personas represaliadas.
Salud y fuerza a quienes luchan.



[1] La noche de 1 de abril de 2003, Jordi V. no volvió a casa después de trabajar. Sus padres, con los que vive, creen que puede haber tenido un accidente y se dirigen a la comisaría de los Mossos d'Esquadra, donde les dicen que no saben nada. Al día siguiente por la mañana, el pueblo de Torá (en la provincia de Lleida) esta asediado por antidisturbios (con pasamontañas y armados) y policías de paisano. La familia y amigos descubren entonces que Jordi ha estado detenido bajo la Ley Antiterrorista y que se encuentra en la misma comisaría de los Mossos d'Esquadra donde habían preguntado la noche anterior.
El 3 de abril son detenidos Toni C. y Jordi T., de 19 y 20 años y del mismo pueblo. Después de haber pedido a las comisarías de Lleida y Barcelona, la familia y amigos son informados que han estado trasladados a Madrid, pero el viernes por la mañana, cuando llegan, el secretario del Juez Garzón les dice que no se han movido de Lleida.
Jordi T. y Toni C., tras haber comparecido ante un Juez de Lleida, son encarcelados en la prisión de Ponent (Lleida) y Jordi V. Es ingresado en la sección de psiquiatría del hospital de Santa María de Lleida sin haber podido declarar, y mas tarde trasladado a la unidad de curas intensivas (UCI). Los médicos le aconsejan su puesta en libertad por sus graves problemas de salud (problemas cardiacos y psicológicos debidos a las condiciones a las que estuvo sometido durante su detención en comisaría) y también una breve visita de 5 minutos de su padre. Unos días después, Jordi es dado de alta con la obligación de presentarse en Madrid para declarar, pero a un kilómetro de la llegada a su pueblo, el coche en el que iba es parado por otro vehículo de Mossos d'Esquadra que quieren llevárselo a Madrid pero no lo consiguen porque no llevan la orden necesaria. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, lo van a buscar a su casa y lo llevan a Madrid donde es encarcelado en la prisión de Soto del Real. Mas tarde será trasladado a la prisión de Aranjuez.
Respecto a Toni C. Y Jordi T. son trasladados a la prisión de Alcalá de Henares, en Madrid. Su traslado durará 4 días (500 kms.) en los cuales serán trasladados por diferentes prisiones. Se trata de una nueva presión para los detenidos y sus familiares. 

Los jóvenes de Torá son acusados de formar parte de un colectivo "independentista radical y violento" y de "diversos colectivos antisistema". Siempre según la orden de detención del juez Garzón, habrían cometido un delito de "terrorismo de baja intensidad" con la puesta de artefactos explosivos en cajeros automáticos, atacar la casa de un concejal del Partido Popular y sabotaje de una antena de telefonía.
El abogado de Jordi V. hizo una denuncia por torturas psíquicas y físicas: Jordi habría estado obligado a estar de pie 8 ó 10 horas sin poderse mover, golpeado contra la pared, estrangulado con un hilo, drogado con anfetaminas , insultado de modo indiscriminado y homófobo, diciéndole que violarían a su compañera, etc; el juez Garzón también fue denunciado por sobrepasar sus competencias en función de sus inquietudes personales; los abogados de Jordi T. y Toni C. afirman que en el caso que los delitos fueran probados, se trataría de delitos de faltas, y, además, las únicas pruebas son las declaraciones bajo presión y tortura, con numerosas irregularidades, como el registro del local de los jóvenes, sin ningún testigo.